Un estudio encargado por el equipo de gobierno confirma que un crecimiento de las plantas procesadoras afectarían a la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos.

Pinto. 01/04/2022. El informe solicitado intenta conocer el impacto que el vertedero de Pinto, en la vida diaria de los ciudadanos de nuestra ciudad. Este estudio, fue avanzado por el alcalde, el socialista Diego Ortiz en la rueda de prensa en la que comunicó su dimisión de la vicepresidencia de la Mancomunidad de Residuos del SUR.

El estudio ha medido hasta cinco tipos de olores en diversas ubicaciones del municipio. Los resultados no dejan dudas: El vertedero ha sido el origen del 61,2% de los malos olores y la planta de compostaje y biometanización del 33,9%. Los promedios olfatométricos globales medidos en algunas zonas de la Tenería II, están en el límite de superación de los valores de molestia odorífera de la guía europea H4-IPPC.

El informe también revela que cualquier incremento significativo de las emisiones odoríferas futuras, tanto del vertedero como de la planta de compostaje y biometanización comportaría inevitablemente el paso a la categoría de molestia odorífera por lo que habría que revisar las correspondientes Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI).

En este momento, más que nunca se hace imprescindible que los municipios inicien un proceso de reflexión sobre el modelo de gestión actual de residuos que, patrocinado por la CAM, obvia aspectos tan importantes como la sostenibilidad a futuro y el equilibrio territorial. El PSOE de Pinto, aboga por exigir a la CAM, que asuma sus obligaciones para con los ciudadanos y comience un proyecto de consenso con la sociedad civil y los partidos de la oposición. Mientras este modelo se concreta, exige la paralización inmediata de cualquier proyecto que suponga un impacto irreversible para los vecinos de nuestra ciudad.

En esa dirección el Gobierno Municipal de Pinto va a continuar con medidas como realización de 2 informes técnicos sobre el proyecto de ampliación que ya han sido remitidos a la Comunidad de Madrid, la instalación de detectores de calidad del aire, (competencia que corresponde a la Comunidad de Madrid pero que va a ser abordada por el ayuntamiento) y la contratación de asesoramiento legal y técnico para estudiar los posibles incumplimientos de la Comunidad de Madrid o la Mancomunidad del Sur y garantizar que los proyectos anunciados se ajustan a la normativa.